Gobierno recortó en S/20 millones el presupuesto para combatir la minería ilegal.

a disminución en los recursos destinados a la lucha contra la minería ilegal en Perú revela una preocupante tendencia en la política pública. Según datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el monto asignado para programas relacionados con esta problemática se redujo de S/97.8 millones en 2019 a solo S/70.6 millones en 2025, lo que implica un recorte aproximado de S/20 millones en seis años. Esta reducción de presupuesto sucede en un contexto en el que las zonas auríferas del país evidencian un aumento en la violencia y en la actividad criminal vinculada a mafias que operan en la minería ilegal. La reciente masacre en Pataz, donde trece mineros fueron ejecutados, ha puesto en evidencia la gravedad del problema y la necesidad de fortalecer las acciones de fiscalización y formalización. Expertos y representantes de la sociedad civil alertan que estos recortes podrían debilitar la capacidad del Estado para enfrentar las organizaciones criminales que operan en la minería no autorizada, agravando los riesgos para las comunidades y la seguridad nacional. La reducción en la inversión pública genera preocupación sobre las posibles repercusiones en la estabilidad social y en la lucha contra delitos vinculados a la minería ilegal en distintas regiones del país.

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